Compromís Valencia apoya las reivindicaciones de Plataforma del Transporte En ruta Todos a Una

La Plataforma sigue con su labor de reconocimiento, por parte de los grupos políticos, de la situación adversa que sufren los profesionales del sector de mercancías por carretera, en especial la de trabajadores autónomos, asalariados y pymes. En su afán por encontrar apoyos para la causa se reunió recientemente con representantes del partido político CPV (Compromís pel País Valencià), fruto de ello este grupo político presentó una Proposición No de Ley recogiendo las reivindicaciones que fueron presentadas y debatidas con nuestra plataforma del transporte y que difundimos aquí íntegramente:

Proposición No de ley de CompromísA LA MESA DE LES CORTS

Cristina Rodriguez Armigen y Mireia Mollà Herrera, diputada y portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del RC, presenta la Proposición No de ley de tramitación ordinaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El sector del transporte en la Comunidad Valenciana supone 82.800 puestos de trabajo y representa más del 10% del volumen de negocios que se genera en el conjunto del Estado. En España, el  transporte por carretera aglutina más de 140.000 empresas y alrededor de 3 millones de ocupaciones directas e indirectas, lo que demuestra su carácter estratégico dentro del entramado productivo.

Uno de los puntos característicos del sector del transporte por carretera es que agrupa a un gran número de empresas de reducidas dimensiones. Además, se observa una creciente presencia de trabajadores autónomos, que aumentan la atomización del sector y la mayor participación de operadores pequeños dentro del mismo. Este hecho, no obstante, contrasta directamente con las problemáticas que afectan cada vez con más intensidad a las Pymes, autónomos y asalariados del sector, con unas condiciones económicas, laborales y de seguridad que se ven amenazadas seriamente por un conjunto de procesos dependientes en mayor o menor grado de las políticas aplicadas en materia de transportes por carretera.
Algunos de estos problemas se relacionan con:

(1) La competencia desleal generada por el impacto de grandes empresas cargadoras, en ofrecer precios por debajo del precio de mercado, a causa del acaparamiento que se hacen de las cargas de los grandes ofertantes, eliminando a autónomos y Pymes y actuando como intermediarios. A esta cuestión, hay que añadir las formas de pago que proponen las grandes empresas, muchas veces por medio de pagarés a diversos meses, contraviniendo la normativa en este sentido. Esto obliga al pequeño transportista a realizar un medio de financiación indirecto de la propia empresa logística, en detrimento de sus propias condiciones financieras.

(2) La falta de políticas de inspección. A pesar de la ley 16/1987, de 30 de julio, de orientación de los transportes terrestres, sus posteriores revisiones y desarrollo reglamentario, en referencia a los tiempos de conducción y descanso, muchas veces los servicios demandados por los cargadores lo hacen imposible de cumplir. Esto provoca mayor inseguridad, aumenta la posibilidad de accidentes laborales y obliga al transportista a realizar tareas que no son propias, como las cargas y descargas. Este tipo de prácticas, en algunos casos ilegales, difícilmente pueden ser detectadas por las inspecciones de transportes terrestres, manifiestamente insuficientes, y dependientes de unos escasos controles por parte de agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se ven totalmente desbordados y muchas veces faltos del conocimiento necesario.

(3) La falta de lugares habilitados para el descanso y en condiciones de seguridad. La seguridad en carretera es reducida, especialmente en las áreas de descanso, donde abundan los robos de combustible y saqueos de las cabinas de los camiones. Esto aumenta la inseguridad vial, ya que el conductor se ve privado del descanso necesario.

(4) Falta de financiación para la adquisición de vehículos y maquinaria. El coste de renovación de los vehículos y la maquinaria necesaria es cada vez más difícil de asumir por las Pymes y autónomos, provocando un envejecimiento del parque móvil, con las implicaciones de seguridad que esto comporta.

(5) Impacto de las enfermedades profesionales y condiciones de jubilación. Actualmente no se reconocen ciertas dolencias del trabajo del conductor, siendo el estrés y la fatiga las que están detrás de muchos accidentes laborales. Además, hay un altísimo índice de accidentalidad en operaciones de carga y descarga que no se imputan al centro de carga, si no al transportista. Estos problemas se acentúan en edades avanzadas, siendo cuestionable la viabilidad de la edad de jubilación a los 65 años o a más años, ya que las condiciones de los transportistas a esta edad pueden ser obviamente deficientes.

Por todos estos motivos, presentamos lo siguiente:

Les Corts instan a exigir al Gobierno de los España:

  1.  Emprender todas las acciones necesarias y legalmente posibles para evitar la competencia desleal entre empresas cargadoras en el sector de los transportes.
  2.  Reforzar las inspecciones de trabajo en carretera y la vigilancia en las plataformas logísticas, ampliando el número y adecuando la formación de los y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que deben cumplir con esta función.
  3.  Resolver de manera inmediata los problemas de inseguridad en carretera y en las áreas de descanso.
  4.  Habilitar ayudas y líneas de financiación para la renovación de vehículos y maquinaria orientadas a autónomos y Pymes del sector.
  5.  Considerar y reconocer las actuales enfermedades profesionales del/la transportista y reconocer la posibilidad de jubilación necesaria y anticipada a los 60 años o menos.
  6. El Consell rendirá cuenta delante de Les Corts del cumplimiento de esta resolución en el plazo máximo de tres meses desde su aprobación.

Les Corts, a 28 de enero de 2016.

Cristina Rodríguez Armigen.
Mireia Mollà Herrera.

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